El contexto civilizacional surgido tras la pandemia COVID 19 ha instaurado importantes cambios en la interacción humana. El distanciamiento social, pese a haber experimentado una notable recuperación en buena parte de los ámbitos, ha supuesto una modificación que se mantiene en escenarios importantes como los siguientes.

-Por un lado, la prestación de servicios públicos de carácter demorable o no urgente como los Centros de Salud, Registros Generales u otras entidades de carácter público, han desarrollado una especie de “aversión al contacto físico o a la presencialidad” (en algunos casos justificado en parte por la posibilidad de acceso telemático a los mismos) que ha deteriorado de forma evidente su condición
o razón de ser.

-Por otro lado, las personas jóvenes en las que la irrupción de la pandemia tuvo lugar en el momento próximo a la pubertad, muestran de forma evidente un modo de relacionarse y de entender el ocio de forma diferente. De esta forma, se muestran menos proclives a la socialización tal y como se ha entendido tradicionalmente, prefieriendo cada vez más llevarla a cabo mediante herramientas digitales; algo, por otro lado, que ya se venía practicando de forma progresivamente más frecuente en las últimas tres décadas.

Este contexto puede traer como consecuencia los siguientes cambios en las demandas de protección social desde el punto de vista delos jóvenes y las personas dependientes:

-Por un lado, el reconocimiento del derecho a una remuneración básica por parte del Estado es una realidad con la que las personas jóvenes de hoy han crecido. De este modo, esperan contar con ello tanto de una forma directa, mediante una asignación mensual, como indirecta, como se ha
llevado a cabo con el “bono cultural” para las personas que cumplían 18 años. Es previsible pues la extensión de este tipo de ayudas a otros ámbitos que, por otro lado, favorezcan de forma directa a la economía como pueden ser la hostelería o las empresas de actividades de ocio y tiempo libre.

-Por otro lado, la toma de consciencia con el problema de la Salud Mental y el aumento evidente de problemas de este tipo favorecido por la intoxicación procedente de redes sociales y otras plataforma empleadas desde edades tempranas sin el adecuado control, va a provocar un aumento importante de reconocimientos de discapacidad en personas jóvenes, lo que unido a lo anterior traerá consigo la necesidad de adaptar en cada caso la cuantía de la prestación a recibir a su
condición, tal y como ha sucedido de un tiempo a esta parte con el conjunto de personas con discapacidad.

Podemos asumir, por tanto, que va a haber un crecimiento en el número de personas con una discapacidad reconocida en el conjunto de la sociedad. Es más, la evolución terminológica del concepto de “persona con discapacidad” a “persona con capacidades diferentes o diversidad funcional” daría a entender que la “particularidad” en sí misma puede ser tenida en cuenta para el reconocimiento de estos derechos, lo que indudablemente y pese a la rectificación que se ha llevado
a cabo para la instauración de este cambio conceptual, tendrá consecuencias en la ampliación del acceso a tal consideración.

-En cuanto a las personas con una discapacidad física o relacionada con la edad, va a existir una creciente demanda de los cuidados y de actividades que permitan la descarga familiar. La demanda por tanto, de centros de día, cuidados intermedios y residencias se prevé que pueda aumentar. Va a existir a la vez una creciente necesidad de trabajadores que presten estos cuidados. En ocasiones, propiamente personas con discapacidad que puedan tener acceso a puestos con flexibilidad horaria que les permita compaginar este empleo con su autocuidado y con otras actividades.

-El papel de los cuidados en general va a cobrar un mayor peso y consideración, de tal modo que en lo concerniente a las personas jóvenes, los avances que se han llevado a cabo en los reconocimientos de los permisos de maternidad y paternidad, habrán de ir sin duda a más, incluyendo prestaciones económicas mantenidas (dentro del contexto de las rentas básicas a percibir adaptables en función de discapacidad, prestación de cuidados a familiares en edad infantil o dependientes, etc) o ayudas directas a la crianza, reconociendo así como tal una ocupación, por otro lado, llena de valor añadido.

-La creciente necesidad de mano de obra para atender de forma directa a una cada vez mayor demanda de cuidados de personas dependientes, unido a la dureza de dicho trabajo, puede hacer que exista cierto desplazamiento de recursos desde las incialmente citadas instituciones de prestación de servicios públicos de carácter demorable o no urgente (Centros de salud, Oficinas públicas de diversa índole donde se llevaban a cabo trámites presenciales) para una potenciación de los cuidados directos a personas dependientes. De hecho, la posibilidad de llevar a cabo a día de hoy la mayor parte de los trámites de forma telemática, señala la extinción progresiva de buena parte de estos servicios.

-Distinto es, por otro lado, el tema de los Centros de Salud, considerados aún a día de hoy como imprescindibles dentro del organigrama de los Sistemas de Salud. Sin embargo, su evidente desincentivación a la atención adecuada en tiempo y forma hace urgente una reconversión de los mismos, o bien del modo de prestación de este tipo de servicios a través de otros esquemas como colaboraciones público-privadas que aseguren el acceso a esta atención.

-Por último, y siguiendo en esta línea, la mayor concienciación y preocupación por la salud, en las esferas física y mental surgidas tras la pandemia, unida a un signo de los tiempos por el que las esperas para este tipo de problemas no son aceptables por la mayoría de la población, hará necesaria una reinvención de la prestación de los servicios sanitarios que requerirá un esfuerzo para la suma de fuerzas de todos los actores implicados, entes públicos como privados, que permita aprovechar las fortalezas de cada uno de ellos por el bien de la sociedad en su conjunto. La crisis actual del sistema de la mutualidad de funcionarios no ha de ser sino el inicio de una reestructuración que busque: equiparar al conjunto de la población la posibilidad del acceso a elegir los mejores servicios sanitarios, la búsqueda de la excelencia por parte de los proveedores de servicios sanitarios y la consecución de la mayor eficiencia en procesos asistenciales concretos de los cuáles dependerán futuras asignaciones.