En una semana tendrán lugar las elecciones presidenciales estadounidenses. Los cambios en la estructura sanitaria introducidos en la última década han convertido este tema en un punto de debate crucial y un aspecto diferencial entre las dos principales corrientes.
En este contexto, ha adquirido especial importancia el aumento de los fallecimientos relacionados con sobredosis de drogas en EEUU, en total unos 72.000 a lo largo del año 2019, siendo el consumo abusivo de opiáceos responsable de dos tercios de las mismas.
La revista Lancet lleva a cabo este mes un análisis acerca de cómo las diferentes posturas políticas pretender atajar este asunto.
La pandemia COVID 19 ha contribuido a acrecentar el problema del abuso de opiáceos debido a que favorece el aislamiento social y dificulta el acceso a los servicios sanitarios y a otros servicios de apoyo para personas vulnerables. De esta manera, se estima que en el primer semestre de 2020 los fallecimientos debidos a estas sustancias aumentaron un 13% respecto al año anterior, de manera que en algunos estados se estima que los opiáceos pudieron estar implicados en hasta un 30% del total de fallecimientos.
La recesión económica asociada a la pandemia amenaza la supervivencia de centros de desintoxicación y apoyo para estos enfermos, del mismo modo que aumenta la vulnerabilidad social con el consiguiente riesgo de exclusión y marginalidad, favoreciendo así el riesgo de adicción.
Ante este problema en avance los candidatos presidenciales proponen estrategias divergentes en varios aspectos.
La extensión de la prestación Medicaid ha favorecido en los últimos años el acceso a la salud mental y al tratamiento de las adicciones en colectivos vulnerables. Se estima que este servicio pudo reducir un 6% la mortalidad por opiáceos. En algunos estados la prescripción de fármacos destinados al tratamiento de la dependencia a opiáceos, como la Buprenorfina y la Metadona, aumentó hasta un 50% entre 2014 y 2016, período de expansión de la prestación Medicaid.
La posición de Trump es contraria a la expansión de la prestación Medicaid. Entre sus propuestas se encuentra la suspensión parcial de este servicio, lo que podría restringir el acceso a estos tratamientos a buena parte de los colectivos en riesgo. La postura del candidato Biden difiere diametralmente en este sentido, de modo que estaría dispuesto a apostar por lograr una “cobertura sanitaria universal”.
Otro aspecto importante es la inversión pública para favorecer la infraestructura que combata este problema. Desde que en Octubre de 2017 Trump señalara la crisis de opiáceos como una emergencia sanitaria pública, ha habido un importante incremento de recursos económicos destinados a combatir esta lacra. Pese a ello las muertes por sobredosis han seguido aumentando hasta la fecha.
Expertos en salud pública han declarado que esta inversión sería insuficiente de manera que sería necesario pasar de los 6.000 millones de dólares destinados en el plan bianual de Trump en 2018 a 10.000 millones de dólares por año para así poder reducir el impacto del problema. De acuerdo con ello, Biden ha propuesto una partida de 125.000 millones de dólares dentro de un plan de 10 años destinado a combatir esta situación.
La postura ante el problema de la adicción a opiáceos puede variar desde considerar éste como un elemento ligado a prácticas delictivas o bien como una verdadera enfermedad. Ello determinará que las acciones estén dirigidas a tratar de impedir su circulación clandestina con planes como el refuerzo de la frontera con Mexico o el fortalecimiento de las condenas impuestas a traficantes, o bien se dirijan a frenar la sobreindicación de los fármacos y a potenciar la actuación de especialistas en salud mental o trabajadores sociales.
Todos estos aspectos hacen que la posición política ante este serio problema pueda condicionar una evolución crucial en su curso, lo que determinará seguro el futuro de las próximas generaciones.
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